El suceso ocurrido hace unas semanas en una panadería de Gandía por el que un inmigrante boliviano, en situación irregular, perdía un brazo en su puesto de trabajo ha despertado el estupor en la sociedad y los medios de comunicación.
La mayoría está escandalizada por el abandono de la víctima a varios metros del hospital, por parte de los encargados de la panadería, que en los instantes previos arrojaron su brazo amputado a un contenedor de basura. El primero en la lista de los calificativos que describirían este suceso es: INHUMANO.
Pero es el primero de los calificativos que describirían el ‘contrato de exclavo’ de este inmigrante: VERGÜENZA, en el que a la larga tanto medios como sociedad deberían fijarse.
Franns Melgar llevaba dos años en una situación laboral irregular. Otros inmigrantes y españoles se encuentran en la misma tesitura, cobran en ‘dinero negro’ sus sueldos. A veces por propio interés, obteniendo una cantidad de dinero neto muy lejana al de un contrato legal. Y siempre por el interés y el beneplácito de la empresa, pues es quien tiene la última palabra para permitirlo.
La tutela y actuación ante un hecho inhumano y un contexto laboral vergonzoso corresponde a los tres poderes. Pero como en otras situaciones, la acción sólo llega tras la tragedia. Y en el caso de Melgar no profundiza más allá del hecho. Con su regularización por ser inmigrante ilegal parece que se ha cumplido, cuando la solución al problema real está a años luz.
Hace unos días se hacía pública una operación en Cataluña para detener a los responsables, pertenecientes a las mafias chinas, de delitos contra la seguridad y derechos de los trabajadores. Ese es el camino a seguir por el poder político, legislativo y judicial. Ante la indefensión: persecución contra aquellos que delinquen y vician el mercado laboral, sea cual sea la empresa.
Un vicio y una INJUSTICIA que comienza cuando un trabajador acepta un puesto en un contexto laboral ilegal, que continúa bajo el paraguas de las empresas por obtener el beneficio máximo y concluye con la ‘mirada a otro lado’ de los poderes públicos.
Los tres factores inciden en el mercado de trabajo que actualmente existe en España y en el que la picaresca, de unos, otros y todos, es la máxima a seguir. Permisividad de contratos basura, intrusismo, aún cuando hablamos de profesiones colegiadas, parados que trabajan ilegalmente… y así un largo etcétera.
El sistema no funciona para todos y la culpa es de los agentes involucrados: trabajadores, empresas y poderes públicos. Habría que empezar de cero, construyendo cimientos firmes y un mercado laboral justo.